JUNTAS ESCOLARES: ENTRE ABUSOS, MENTIRAS Y COERCIÓN
La norma planteaba objetivos nobles: participación en políticas educativas, evaluación y monitoreo de directores y maestros, control social de recursos y la promoción de la convivencia pacífica en las unidades educativas. Sobre el papel, parecía un mecanismo virtuoso, sin embargo, con el paso de los años, la experiencia muestra que lo que pudo haber sido una herramienta de apoyo y mejora se ha transformado, en muchos casos, en un espacio de presión, abuso y politización.
Conviene diferenciar entre lo que ocurre en colegios privados de prestigio y lo que sucede en unidades fiscales. En las unidades educativas privadas las juntas escolares suelen mantener un perfil más administrativo y cooperativo. En las escuelas y colegios fiscales, las dinámicas políticas han terminado distorsionando su propósito. La politización, impulsada por la misma ley educativa 0/70, convirtió rápidamente a estas juntas en instrumentos de coacción hacia directores y maestros; lo que debió ser un espacio acompañamiento educativo, terminó siendo un organismo de vigilancia y hostigamiento.
Las denuncias abundan: cobros irregulares, intromisión en la gestión escolar, exigencias para remover o mantener directores de acuerdo a intereses personales o partidarios, incluso, amenazas de procesos judiciales contra profesores que no responden a los caprichos de ciertos dirigentes de padres.
De esta manera, la función del padre de familia como acompañante en el proceso educativo se ha deformado. En lugar de colaborar con el desarrollo académico y humano de sus hijos, muchos han asumido el rol de inquisidores dentro y fuera del aula.
El impacto en los estudiantes no es menor, la interferencia en contenidos, metodologías y evaluaciones genera un clima de desconfianza hacia los maestros que termina erosionando la autoridad pedagógica necesaria para enseñar con libertad y responsabilidad. Esta intromisión, lejos de elevar la calidad educativa, ha terminado consolidando un escenario de mediocridad; cuando los criterios de enseñanza se subordinan a presiones externas, y no a la formación científica y humanista, los más perjudicados son los propios estudiantes.
El resultado es visible: generaciones de estudiantes formados en un sistema debilitado por intereses políticos y presiones de corto plazo, más preocupados por complacer exigencias que por cumplir con la misión de educar; es por ello que no resulta casual que la educación boliviana figure con rezagos significativos en pruebas internacionales de calidad.
Frente a esta realidad, convengamos que el problema no se soluciona, únicamente, con derogar la Ley Avelino Siñani. Hace falta un cambio de paradigma profundo, que replantee la relación entre Estado, familias y escuelas.
El Estado debe dejar de ser el controlador absoluto de contenidos y métodos, para convertirse en un facilitador de recursos y oportunidades. La educación no puede estar supeditada a consignas ideológicas ni a proyectos políticos de turno. Lo que se necesita es una política educativa basada en el conocimiento científico, en la formación integral de los estudiantes y en un horizonte de ciudadanía crítica y responsable.
Ello implica abrir espacios de diálogo real entre los actores educativos: maestros, estudiantes, padres de familia y autoridades, pero un diálogo genuino, no simulacros de participación donde los padres se transforman en censores, inquisidores y verdugos. La revolución educativa que Bolivia requiere no es de nombres ni de leyes, sino de visión; una visión que supere el cortoplacismo y se atreva a imaginar un país que forme ciudadanos libres, críticos y capaces de transformar su realidad.
Claro está, esta necesidad choca con la realidad de las juntas escolares que han saboreado las mieles del poder. Renunciar a ese espacio de control y de influencia no será sencillo, porque la política se ha infiltrado en lo que debería ser un espacio de cooperación. La pregunta, entonces, es si las juntas escolares estarán dispuestas a soltar los privilegios que la ley 0/70 les otorgó, o si van a preferir seguir siendo un obstáculo en el camino hacia una educación de calidad.
Los padres de familia no deben ser enemigos de la educación, sino aliados, ese cambio de mentalidad es el primer paso para salir de la mediocridad en la que estamos atrapados, porque, al final, la educación no puede ni debe ser rehén de intereses políticos ni de caprichos sectoriales. Si no rompemos con esa lógica, seguiremos formando generaciones de estudiantes mediocres, víctimas de un sistema que olvidó que su esencia es formar y no adoctrinar.
Marcelo Miranda Loayza
Teólogo, escritor y educador
Artículo publicado originalmente en el matutino El Diario.
