EDUCACIÓN SIN IDEOLOGIZACIÓN
El problema central de esta normativa es su marcado sesgo ideológico. Conceptos como “descolonización” y “despatriarcalización”, que podrían haber abierto un debate académico serio, fueron usados como armas para descalificar cualquier propuesta ajena a la línea política del partido gobernante. En nombre de los “saberes ancestrales” se justificaron imposiciones que poco aportaron a la formación científica o humanística de los estudiantes.
El resultado de este modelo es evidente: Bolivia figura entre los países con más bajos niveles de aprendizaje en la región, según diversas mediciones internacionales. La ley 070 no sólo no logró mejorar los estándares educativos, sino que contribuyó a politizar decisiones internas como la elección de directivos o la distribución de carga horaria, ámbitos que deberían responder a méritos académicos y no a afinidades ideológicas.
Otro efecto preocupante fue la centralización absoluta del proceso de formación docente. La imposición del Estado como único ente capaz de formar maestros desplazó a instituciones educativas de larga trayectoria, especialmente a aquellas vinculadas a la Iglesia Católica, cuya contribución histórica a la educación boliviana es innegable. Esta centralización terminó derivando en una especie de cerco económico y administrativo hacia el sector privado.
La persecución no fue sólo ideológica, sino también económica. Las juntas de padres, amparadas por la ley, se transformaron en actores capaces de denunciar y hostigar a unidades educativas privadas que intentaban preservar su autonomía. La fiscalización dejó de ser un mecanismo de control para convertirse en un instrumento de presión y amordazamiento.
La ausencia de una identidad educativa clara agravó el panorama. La formación docente quedó fragmentada entre discursos teóricos sin aplicación práctica, por ende, la formación estudiantil quedo debilitada por la falta de estándares medibles. En vez de incentivar el pensamiento crítico, la ley priorizó la alineación con un proyecto político coyuntural.
Las unidades educativas de convenio fueron especialmente afectadas. Muchas de ellas enfrentaron un asedio constante por parte de instancias gubernamentales que buscaban absorberlas en el sistema fiscal. No se trataba de fortalecer la educación pública, sino de reducir al mínimo la presencia de instituciones de inspiración cristiana, aun cuando estas ofrecían niveles de calidad superiores.
El cierre de la Normal Católica es un ejemplo contundente de esta lógica. La decisión, más política que pedagógica, vulneró principios constitucionales y contravino tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce la libertad de enseñanza y la opción de los padres por una educación acorde a sus convicciones.
Frente a este panorama, surge la pregunta: ¿qué se puede hacer ahora? Reformar totalmente la ley parece improbable, considerando la fragilidad económica e institucional del país tras años de mala administración. Una nueva legislación requiere planificación, recursos y consensos amplios, elementos que hoy escasean.
Lo más viable en el corto plazo sería una intervención puntual y precisa sobre los aspectos más dañinos de la ley. Es urgente extirpar de la normativa todo indicio de adoctrinamiento ideológico y revisar los reglamentos que, en la práctica, han sido usados como mecanismos de sanción cuando su naturaleza debería ser meramente reguladora.
Asimismo, la currícula nacional requiere una reestructuración profunda que recupere el valor del pensamiento crítico, el rigor académico y la incorporación efectiva de la tecnología digital. Es indispensable atender las necesidades de la educación especial y de las comunidades rurales, cuyos contextos particulares demandan soluciones diferenciadas y realistas. Las soluciones inmediatas deben coexistir con la construcción de una nueva ley educativa pensada a partir del diálogo con maestros, estudiantes, padres de familia, instituciones privadas y expertos en pedagogía. Una ley que nazca del consenso, no de la imposición.
El camino será largo y probablemente complejo, pero es indispensable iniciarlo si queremos que las futuras generaciones reciban una educación que no esté al servicio de intereses políticos, sino de su propio desarrollo humano e intelectual. Es momento de dar el primer paso con responsabilidad, coraje y una visión verdaderamente educativa.
Marcelo Miranda Loayza
Teólogo, escritor y educador
Artículo publicado originalmete en el matutino El Diario.
