COOPERATIVAS MINERAS, UN CÁNCER MEDIOAMBIENTAL EN BOLIVIA

El auge de las cooperativas mineras en Bolivia fue, en su origen, un recurso de emergencia. Tras la crisis minera de los años 80 y la aplicación del Decreto Supremo 21060, miles de trabajadores quedaron en la calle y vieron en el autoempleo una salida inmediata a la crisis económica; sin embargo, lo que nació como una alternativa de subsistencia se transformó con los años en una estructura poderosa, con influencia política y económica, la cual hoy genera más problemas que soluciones para el país.

El error inicial fue la ausencia de una regulación clara, pues el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, más preocupado en sostener la estabilidad social en medio de la crisis, optó por no normar con firmeza el nacimiento de este sector emergente. Aquella falta de control derivó en un terreno fértil para los abusos; las cooperativas mineras fueron creciendo, primero lentamente y luego de forma acelerada con el alza de los precios internacionales de los minerales en la década del 2000.

El Movimiento al Socialismo, en vez de sentar bases legales sólidas para encauzar a este sector, optó por un camino más sencillo: otorgarles privilegios a cambio de apoyo político. La consecuencia fue un fortalecimiento desmedido de su poder.

Hoy, estas cooperativas actúan casi como un Estado paralelo, pues no rinden cuentas de manera transparente, se resisten a pagar impuestos y operan con niveles de informalidad que serían inadmisibles para cualquier otra empresa privada. Lo más grave, sin embargo, no es sólo lo económico, el impacto medioambiental es devastador, ya que el uso indiscriminado del mercurio, en la explotación aurífera, ha contaminado ríos y cuencas, afectando directamente a la salud de la población boliviana.

Los daños ambientales no se limitan a un paisaje degradado, se trata de contaminación que ingresa en la cadena alimenticia, envenenando cuencas y ríos, dando lugar a niveles de contaminación preocupantes.

Mientras tanto, las empresas legalmente constituidas deben cumplir rigurosos protocolos ambientales, ser auditadas y fiscalizadas de manera minuciosa. Una paradoja: el que cumple la ley es castigado con mayor rigor, mientras el que evade tiene privilegios.

Este doble estándar no sólo desalienta la inversión formal, sino que fomenta un sistema corrupto y desigual, en el que los que más contaminan y menos tributan son quienes tienen mayor poder político.

El problema central es que las cooperativas mineras se han convertido en actores capaces de chantajear a cualquier gobierno. Si una norma los incomoda, el país entero sabe lo que viene: bloqueos, dinamita en las calles y violencia desmedida. Basta recordar episodios recientes de secuestros, torturas y hasta muertes vinculadas a enfrentamientos con este sector. La democracia y el Estado de derecho quedan a merced de la presión de grupos armados con explosivos.

¿Cómo regular entonces a un actor tan poderoso? La respuesta no es sencilla. Una ley clara y firme sobre el sector cooperativo minero es urgente, pero quienes se atrevan a impulsarla deberán asumir un alto costo político.

Ese costo se medirá en días interminables de bloqueos, carreteras cortadas, ciudades sitiadas y enfrentamientos con saldo de heridos y muertos. Es el chantaje perfecto de un sector acostumbrado a imponer su voluntad con dinamita.

Ríos contaminados no se limpian en décadas; especies desaparecidas no se recuperan jamás y poblaciones envenenadas con mercurio cargarán con secuelas de por vida. El costo ambiental y humano de la inacción es incalculable.

Bolivia no puede seguir dependiendo de un modelo minero arcaico, depredador y orientado únicamente a la ganancia inmediata. El país necesita una minería regulada, responsable y con una visión de largo plazo.

El discurso de que las cooperativas representan a los “pobres” mineros que sólo buscan sobrevivir ya no es sostenible, se trata de un sector millonario, con dirigentes enriquecidos, capaz de manipular y usar la violencia para mantener privilegios. El Estado tiene la obligación de recuperar su capacidad reguladora. No hacerlo es aceptar que un grupo con intereses particulares imponga sus reglas por encima del bien común y del futuro del país.

En definitiva, enfrentar a las cooperativas mineras es una batalla difícil, pero inevitable. No se trata de un problema económico o político: es una cuestión de supervivencia ambiental y social. Si el Estado no pone límites ahora, mañana ya será demasiado tarde.

Marcelo Miranda Loayza

Teólogo, escritor y educador

Artículo publicado originalmente en el matutino El Diario