BOLIVIA, UN CAOS IDEOLÓGICO

Bolivia es un país que parece vivir atrapado en un laberinto de contradicciones. Su geografía diversa y su composición social compleja podrían ser motivo de riqueza cultural, pero se han convertido en un campo de batalla ideológica donde el diálogo se extingue y la imposición domina. Mirar a Bolivia sólo desde la geografía o los datos económicos sería una simplificación ingenua. Su verdadero problema radica en los constantes cambios de paradigmas políticos y en la ausencia de una visión coherente de país.

Durante las últimas décadas, el poder político en Bolivia se ha sostenido más por la fuerza que por las ideas. La violencia, las amenazas y la manipulación del miedo se convirtieron en las herramientas preferidas para consolidar la autoridad; sólo de esta manera, el Movimiento al Socialismo (MAS) logró perpetuarse en el poder durante más de veinte años, no por la solidez de su proyecto nacional, sino por su control del aparato coercitivo del Estado. La política boliviana, más que un debate de ideas, se volvió una disputa por quién ejerce el monopolio de la violencia.

El resultado de este proceso ha sido devastador: un país sin horizonte común, la noción de “visión de país” nunca logró materializarse; en su lugar, florecieron múltiples ideologías que, lejos de complementarse, se transformaron en muros infranqueables. Cada corriente política parece vivir en su propio universo simbólico, incapaz de reconocer al otro como interlocutor válido. Es, de esta manera, que Bolivia se ha convertido en una nación fragmentada en tres grandes bloques ideológicos, cada uno de ellos excluyente y desconfiado del resto.

En las zonas rurales y periurbanas del occidente, predomina una corriente que podríamos denominar “katarismo socialista”. Allí, el resentimiento histórico contra la figura del “blanco” o del “criollo” sigue vigente; se construye un discurso que reivindica lo indígena, pero lo hace desde la oposición al otro, no desde la integración. La política se basa en la identidad étnica antes que en la propuesta de desarrollo, y el valor de los “usos y costumbres” se impone, incluso, por encima de los principios democráticos modernos. Esta visión identitaria, anclada en prácticas y valores precoloniales, constituye un obstáculo para la gobernabilidad moderna, no porque las culturas originarias no deban ser respetadas, sino porque se las ha instrumentalizado políticamente. El discurso indigenista ha sido manipulado para justificar un poder autoritario que, bajo el disfraz de la reivindicación cultural, termina oprimiendo a los mismos pueblos que dice defender.

En las ciudades del occidente, en cambio, predomina una lógica distinta. Allí se respira una suerte de “keynesianismo criollo”, donde el Estado es visto como el gran árbitro de la economía. Se espera que regule precios, genere empleo y proteja a los ciudadanos de los efectos que puedan traer el libre mercado. Esta dependencia del aparato estatal es una herencia del paternalismo político que se instaló en Bolivia desde la Revolución Nacional de 1952 y que ha impedido la consolidación de una verdadera cultura de productividad y responsabilidad individual.

Mientras tanto, en el oriente boliviano florece una visión liberal, casi opuesta a la anterior. Santa Cruz y otras regiones del oriente apuestan por la iniciativa privada, la inversión y la apertura de mercados. El Estado, para ellos, debe garantizar seguridad jurídica, infraestructura y educación, pero no intervenir directamente en la economía. Se trata de una región que entiende que el desarrollo no sólo depende del crecimiento económico, sino también del fortalecimiento de la cultura y la formación humana.

Sin embargo, entre ambos extremos surge una tercera fuerza peculiar: el llamado “capitalismo aymara”. Este fenómeno, visible especialmente en ferias como la 16 de Julio, combina el espíritu emprendedor del mercado con una lógica comunitaria y, muchas veces, informal. Sus actores son hábiles comerciantes y empresarios populares que comprenden perfectamente las reglas del capitalismo, pero las aplican a su conveniencia, evadiendo impuestos y dejando de lado la inversión en educación o cultura. El panorama ideológico boliviano es, por tanto, un mosaico contradictorio. Tres visiones de país coexisten sin reconocerse entre sí: una identitaria y comunitarista, otra estatista y dependiente del Estado, y una tercera liberal y orientada al mercado. La ausencia de puentes entre ellas impide la construcción de un proyecto común. Cada sector vive convencido de que su modelo es el único válido y considera al resto una amenaza.

En este contexto, la tarea de gobernar Bolivia se vuelve casi imposible. Rodrigo Paz se enfrentará a una nación dividida, donde la desconfianza y el resentimiento han reemplazado al diálogo; el reto no será simplemente administrar el Estado, sino reconstruir los lazos básicos de convivencia y respeto mutuo que la política populista destruyó. Bolivia necesita reencontrarse consigo misma, pero ese reencuentro no se logrará de la noche a la mañana. Tal vez el primer paso, sea aprender a tolerarnos, es decir, aceptar que pensamos distinto, que venimos de historias diferentes y que, aun así, compartimos un destino común. Sólo cuando logremos tolerarnos —y luego comprendernos—, podremos hablar de unidad nacional. La diversidad ideológica, en lugar de ser una maldición, podría ser la fuente de una democracia auténtica, pero para ello, debemos abandonar la arrogancia de creer que sólo una visión de país es correcta. En Bolivia, el verdadero desafío no es ideológico: es humano.

Marcelo Miranda Loayza

Teólogo laico, escritor y educador

Artículo publicado originalmente en el matutino El Diario.