POR LAS RAZONES CORRECTAS
No se trata únicamente de la libertad de dos líderes cívicos, sino del significado profundo que esto puede tener para el país. Si la justicia pretende recuperar su credibilidad, debe demostrar que actúa de forma imparcial, libre de presiones externas y, sobre todo, que las decisiones que toma responden a criterios legales y no a venganzas políticas.
Dentro de este escenario, también surgen los nombres de la expresidenta Jeanine Áñez y del exalcalde de La Paz, Luis Revilla. Ambos casos son símbolos claros de cómo, en los últimos años, la justicia ha sido utilizada como un arma de persecución política. Los procesos iniciados contra ellos se desarrollaron en un ambiente de irregularidades y con un objetivo más político que jurídico.
En el caso específico de Jeanine Áñez, existe un elemento jurídico fundamental: por su condición de expresidenta, le corresponde un juicio de responsabilidades, no un juicio penal ordinario. Este error procesal evidencia no sólo una falla procesal, sino también una clara intención de presionar políticamente a través de la justicia.
El inminente cambio de gobierno abre la posibilidad de que Áñez recupere su libertad antes de fin de año. Sin embargo, su eventual liberación no puede interpretarse como un acto de impunidad, la justicia debe ser imparcial: permitir que Áñez se defienda en libertad, pero también garantizar que responda de manera transparente por todas las acusaciones en su contra. La gestión de la ex presidente, más allá de su carácter transitorio, estuvo marcada por decisiones y acciones que deben ser investigadas, desde denuncias de corrupción en la compra de respiradores durante la pandemia hasta el uso indebido del avión presidencial, como si se tratase de un "bus chelero", indudablemente, existen temas que requieren respuestas ante la ciudadanía y, sobre todo, ante la ley.
El principio es claro: la justicia debe investigar y sancionar cuando corresponda, pero siempre por las razones correctas. No por revanchismo político, tampoco por presiones ideológicas y o por la necesidad de exhibir "victorias judiciales". Actuar con independencia es la única forma de reconstruir la confianza de la población en las instituciones.
El caso de Luis Revilla, exalcalde de La Paz, merece un tratamiento similar. Las denuncias que pesan sobre su gestión requieren ser esclarecidas, pero bajo un debido proceso que garantice imparcialidad. La ciudadanía necesita saber si hubo irregularidades, pero también merece que se respeten los derechos fundamentales de cualquier acusado.
Confundir el sobreseimiento con impunidad es un error frecuente. Si un proceso judicial carece de pruebas suficientes o presenta vicios legales insalvables, corresponde cerrarlo. Eso no significa absolver responsabilidades políticas, administrativas o éticas, significa que el sistema judicial funciona bajo normas claras y no bajo intereses de poder.
El problema de fondo es que, durante los últimos 20 años, la justicia en Bolivia ha sido utilizada como un arma política. El Movimiento al Socialismo ha manipulado procesos, comprado y coaccionado a jueces y fiscales para castigar a opositores o proteger a aliados. Esta práctica ha debilitado gravemente la institucionalidad del país y ha erosionado la credibilidad de la justicia. Para revertir esta situación, es indispensable implementar evaluaciones constantes a jueces y fiscales, así como auditorías judiciales transparentes que permitan a la ciudadanía conocer quiénes son los responsables de la administración de justicia.
Es fundamental recuperar el concepto de debido proceso. Todo ciudadano, independientemente de su cargo, ideología o condición social, merece un juicio justo, con garantías procesales plenas y con decisiones basadas en evidencias. Esta es la única forma de garantizar que la justicia se administre de forma equitativa.
La justicia por las razones correctas implica actuar con equilibrio. Significa reconocer los errores de gestión y corrupción de quienes gobernaron, pero también rechazar las estrategias de venganza política. La imparcialidad no se negocia: o la justicia es independiente o simplemente deja de ser justicia.
Por tanto, más allá de nombres y colores políticos, el desafío es claro: administrar justicia por las razones correctas. No se trata de proteger a unos ni de castigar a otros, sino de garantizar que todos los bolivianos, sin excepción, estén bajo la misma ley. Ese es el camino para reconstruir la confianza, fortalecer la democracia y, finalmente, alcanzar la paz social.
Marcelo Miranda Loayza
Teólogo, escritor y educador
Artículo publicado originalmente en el matutino El Diario
