LA LEY EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN

El Estado tiene entre sus  atribuciones normar y dictar normas, es decir,  puede  proponer leyes para luego hacerlas cumplir. En el caso de las normas penales éstas pueden ir variando con el paso del tiempo dada la evolución y complejidad de las sociedades, es totalmente factible por ello que se tipifiquen y sancionen nuevos delitos y otros vayan desapareciendo. El Estado como el único poseedor del poder coercitivo y coactivo tiene no solo la opción sino la obligación de crear normas para una adecuada vida en sociedad ahora bien,  utilizar esta atribución para construir una normativa penal con serios indicios de tintes políticos no es pertinente ni mucho menos legítimo.

La legitimidad dentro del derecho penal surge de la delgada línea entre lo que el estado quiere normar y lo que la sociedad requiere que sea normado, romper este equilibrio entre Estado y Sociedad puede llevar por un lado a la desnaturalización del Estado como rector de la convivencia pacífica, permitiendo que el hecho delictivo sea algo cuasi normal y por otro lado puede llegar a  convertirlo en una especie de controlador político, el cuál criminaliza cualquier accionar que considere contrario a sus intereses. Para evitar romper el equilibrio mencionado el Estado tiene la obligación de generar espacios adecuados de diálogo y socialización de todo aquello que se quiera cambiar, modificar, ampliar o adjuntar dentro de la tipificación de delitos.

El “Ius Puniendi”  para que logre alcanzar toda legitimidad debe ser debidamente consensuado, tratar de imponerlo lo tergiversa, transformando a la ley penal en un peligroso aparato represor del Estado. Limitar el poder no es sinónimo de debilidad sino de lucidez jurídica, política y social, El Estado por ende tiene  que velar por la consecución del bien común y a la vez brindar certeza y claridad jurídica a la sociedad para que esta encuentre dentro de sus normas  seguridad  tanto en el ámbito civil como en el  penal.

La normativa vigente tanto en materia civil como en la penal debe ser modificada, de ello no existe duda alguna, es por ello que actuar con principios basados en democracia resultaría de enorme beneficio a la hora de elaborar nuevas leyes y normas, escuchar a los actores sociales de todos los ámbitos daría como resultado en este caso concreto una nueva ley penal justa, equitativa y protectora.

El verdadero poder que puede llegar a tener el Estado no se basa simplemente en coartar, coaccionar o perseguir a todo aquél que piense diferente, se basa principalmente en escuchar y negociar, es de esta manera que se construyen sociedades más justas y con leyes más equitativas.

Un Estado represor solo busca instrumentalizar  a la justicia, para convertirla  en una especie de órgano perseguidor del poder de turno. El problema de la justicia por ende es complicado, todavía estamos muy lejos de poder tener un aparato judicial respetable y confiable, mientras el poder político se vea a si mismo como inmaculado e intocable, la justicia seguirá siendo abusiva e intolerante.

Marcelo Miranda Loayza

Artículo publicado originalmente el 30 de mayo de 2021 en el matutino El Diario