GOBERNAR UN PAÍS NO ES LO MISMO QUE ADMINISTRAR EL ESTADO
En teoría, el gobierno que surge de las urnas debería tener en sus manos tanto la administración como el poder político necesario para implementar sus políticas. Pero la realidad boliviana demuestra que el poder real no siempre acompaña al gobierno legalmente constituido. En ocasiones, este se convierte en rehén de estructuras paralelas que operan dentro y fuera del Estado.
El gran problema radica en que esas estructuras no se disuelven con el cambio de gobierno, permanecen incrustadas en las instituciones, en los sindicatos, en el sistema judicial, en las fuerzas del orden y hasta en los medios de comunicación; es, de esta manera, que un nuevo gobierno puede tener la legitimidad del voto, pero carecer del poder efectivo para gobernar.
Cuando el poder político se divorcia de la administración del Estado, la democracia se convierte en un simulacro; el gobierno administra, pero no decide, firma decretos, pero no manda y, mientras tanto, el verdadero poder se ejerce desde las sombras, desde aquellos que durante décadas moldearon las instituciones a su conveniencia.
En Bolivia, el Movimiento al Socialismo ha sido particularmente hábil en este arte de colonizar el poder. Durante más de 25 años tejió una red que abarca desde los movimientos sociales hasta los tribunales de justicia, pasando por los cuarteles y las editoriales de los grandes medios; su hegemonía no radica sólo en la política, sino en la cultura institucional del país.
Por ello, aunque el MAS haya perdido en las elecciones del pasado mes de agosto, el poder que deja atrás no se evapora, es más, permanece intacto en los cimientos del Estado. El nuevo gobierno, por tanto, heredará un aparato estatal controlado y condicionado, donde cada decisión se enfrentará a resistencias invisibles, pero efectivas.
Surge, entonces, la gran pregunta: ¿podrá el próximo gobierno ejercer un poder real o apenas administrará un Estado capturado? Si el poder sigue en manos de los mismos actores quienes lo manipularon por décadas, la esperanza de un cambio profundo se desvanecerá antes de empezar.
Lo más preocupante es que, ante este panorama, la negociación con el viejo poder se vuelve inevitable. Ceder ante él, sin embargo, significa renunciar a la posibilidad de una verdadera transformación. En ese dilema se encontrará el próximo presidente de Bolivia: gobernar con el poder prestado o intentar recuperarlo a costa del conflicto.
En ese contexto, los próximos años no auguran estabilidad. Bolivia enfrentará una guerra de poderes donde el interés nacional quedará relegado, el poder de la calle, del Legislativo, Judicial y del Ejecutivo chocarán constantemente, creando un clima de parálisis institucional.
Estas luchas no serán por el bien común, sino por cuotas de poder, contratos, privilegios y protagonismo. Mientras las élites políticas se devoran entre sí, la población seguirá siendo espectadora y víctima de un sistema que no cambia.
La consecuencia inevitable será la frustración social. Cuando las promesas electorales se vean imposibles de cumplir, cuando el nuevo gobierno no logre gobernar, muchos ciudadanos volverán a buscar soluciones fáciles en nuevos caudillos, repitiendo así el ciclo del populismo. Resulta pertinente recordar a Hannah Arendt, quien advertía que el poder auténtico nace del consenso y de la acción colectiva, no de la coerción ni del miedo. Además sostenía que el poder no es una posesión, sino una relación entre las personas que acuerdan actuar juntas por un fin común.
Esa tendencia al caudillismo es uno de los males estructurales del país. En lugar de fortalecer instituciones, se busca al líder carismático que encarne todas las soluciones. Es una ilusión que ha condenado a Bolivia a depender siempre de nombres, no de ideas.
Por eso, ningún nuevo gobierno, por más buena voluntad que tenga, podrá salvarnos si la ciudadanía no asume su parte de responsabilidad. No se trata sólo de cambiar de gobernantes, sino de transformar la cultura política del país.
Bolivia necesita más que un relevo electoral. Requiere una reconstrucción moral e institucional que devuelva al Estado su independencia y al gobierno su poder legítimo. Hasta entonces, cualquier gobierno seguirá siendo rehén de los viejos poderes. Y mientras no se rompa ese círculo, la promesa de un nuevo comienzo seguirá siendo, una vez más, una simple ilusión.
Marcelo Miranda Loayza
Teólogo, escritor y educador
Artículo publicado originalmente en el matutino El Diario
