ENTRE INTERROGATORIOS, ABUSOS Y TORTURAS
La
justicia, cuando está en manos de bandidos, se convierte en un apéndice del
abuso, donde el justo es visto como delincuente y el ladrón como libertador. Si
bien el aparato judicial en nuestro país nunca fue totalmente confiable, me
atrevo a decir que en este último período estamos viviendo sus tiempos más
aciagos.
La independencia de poderes es indispensable para garantizar una justicia ecuánime y transparente, lastimosamente esto no ocurre, la justicia está totalmente instrumentalizada a favor del poder central, generando con ello una inseguridad jurídica alarmante. Cuando la justicia defiende a capa y espada a un determinado color político la corrupción campea dentro de los estrados judiciales, contagiando de corrupción a todos los demás procesos, es decir, la corrupción se viraliza y contagia con su mal vivir a todo el aparato judicial, por ende, no es de extrañar que se evidencie severos indicios de corrupción en procesos que se encuentran totalmente alejados del ámbito político.
La mala imagen de la justicia en Bolivia viene siendo confirmada por las alarmantes faltas al debido proceso, en especial en casos que tienen serios indicios de tener un carácter netamente político. El llamado caso "golpe de estado" está dejando mucho que desear en todos los aspectos, desde la vulneración de derechos al momento de detenciones (en muchos casos totalmente arbitrarias), hasta las sesiones maratónicas de interrogatorios a las que son sometidas los imputados, ejemplo de ello, son las seis largas horas de interrogatorio a las que fue sometida la Ex Presidente Añez, o la detención abusiva y sin base jurídica alguna del ex dirigente cocalero de Los Yungas, Franklin Gutiérrez.
Recordemos que el interrogatorio en materia penal tiene la función de llegar a la verdad de los hechos y no para obtener una confesión, y mucho menos para que los fiscales adscritos al caso se pongan a dar conferencias de prensa como si se tratase de un partido de fútbol. De igual manera la detención preventiva se ha convertido en un arma política, que sirve para presionar, torturar y amedrentar a toda voz opositora al partido de gobierno, desnaturalizado de esta manera su propósito, que es la de salvaguardar a la víctima de un determinado delito.
La Conferencia Episcopal Boliviana ya expresaba su preocupación sobre este tema: "La política de la revancha y el rencor y una Justicia dependiente del Poder político, no crean confianza en el pueblo y nos perjudicará a todos, tarde o temprano”, señalaba el comunicado de fecha 13 de marzo de 2021, indicando a la vez, que, “cuando se actúa en forma arbitraria, violentando la verdad, la democracia se muere y el ejercicio del poder se convierte en imposición, que tarde o temprano perjudicará a toda la sociedad”.
La justicia se ha convertido en sinónimo de venganza, persecución y tortura, por ende, el sentimiento de desconfianza e indefensión en la ciudadanía es alto, por más que el ministro de justicia se empeñe en defender una supuesta independencia de poderes, sabemos bien que esto en la realidad no es verdad. El papel del Ministerio de Justicia, es, en este sentido, parecido a la de la "la policía del pensamiento" de G. Orwell, el mismo que se ocupa de fiscalizar a los fiscales que no cumplan con la voluntad del régimen todopoderoso.
El sentido del deber de los operadores de justicia también es puesto en tela de juicio. El ser persona y el deber de ser persona de derecho, quedan supeditados al deber de pertenecer al partido de gobierno, convirtiéndose de esta manera en simples instrumentos, sin sana crítica, sin el menor sentido de la ética y la moral, y vendiendo sus almas al mejor postor. Es de esta manera que la justicia esta siendo manejada, entre interrogatorios, abusos y torturas, sin espacios para el reclamo, con operadores de justicia que cierran los ojos ante el abuso y extienden la mano hacia la corrupción.
Marcelo Miranda Loayza
Artículo publicado originalmente el 4 de julio de 2021 en el matutino El Diario
