miércoles, 10 de enero de 2018

LA LEY EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN

El Estado tiene entre sus  atribuciones normar y dictar normas, es decir puede sin duda alguna proponer leyes para luego hacerlas cumplir. En el caso de las normas penales éstas pueden ir variando con el paso del tiempo dada la evolución y complejidad de las sociedades, es totalmente factible por ello que se tipifiquen y sancionen nuevos delitos y otros vayan desapareciendo. El Estado como el único poseedor del poder coercitivo y coactivo tiene no solo la opción sino la obligación de crear normas para una adecuada vida en sociedad. Ahora bien,  utilizar esta atribución para construir una normativa penal con serios indicios de tintes políticos no es pertinente ni mucho menos legítimo.

La legitimidad dentro del derecho penal surge de la delgada línea entre lo que el estado quiere normar y lo que la sociedad requiere que sea normado, romper este equilibrio entre Estado y Sociedad puede llevar por un lado a la desnaturalización del Estado como rector de la convivencia pacífica, permitiendo que el hecho delictivo sea algo cuasi normal y por otro lado puede llegar a  convertirlo en una especie de controlador político el cual criminaliza cualquier accionar que considere contrario a sus intereses. Para evitar romper el equilibrio mencionado el Estado tiene la obligación de generar espacios adecuados de diálogo y socialización de todo aquello que se quiera cambiar, modificar, ampliar o adjuntar dentro de la tipificación de delitos.

El Ius Puniendi para que logre alcanzar toda legitimidad debe ser debidamente consensuado, tratar de imponerlo lo tergiversa, derivando así a la ley penal en un peligroso autoritarismo de Estado, limitar el poder no es sinónimo de debilidad sino de lucidez jurídica, política y social. El Estado por ende tiene  que velar por la consecución del bien común y a la vez brindar certeza y claridad jurídica a la sociedad para que esta encuentre dentro de sus normas  seguridad en sus normativas tanto civiles como penales.

La normativa vigente tanto en materia civil como en la penal debe ser modificada, de ello no existe duda alguna, basta recordar que gran parte de los actuales códigos que rigen el accionar jurídico en nuestro país fueron concebidos en época de dictadura, es por ello que actuar con principios basados en democracia resultaría de enorme beneficio a la hora de elaborar nuevas leyes y normas, escuchar a los actores sociales de todos los ámbitos daría como resultado en este caso concreto una nueva ley penal justa, equitativa y protectora.

El verdadero poder que puede llegar a tener el Estado no se basa simplemente en coartar o coaccionar, se basa principalmente en escuchar y negociar, es de esta manera que se construyen sociedades más justas y con leyes más equitativas.

Creo que es tiempo de escucharnos y entendernos, de lo contrario la necesidad de contar con una nueva ley penal puede llegar a convertirse en una guerra sin sentido donde el único perdedor será el pueblo y sus necesidades.

* Ius Puniendi, es el derecho o facultad del Estado para castigar, este es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena

Marce Miranda Loayza


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